El Banco de Datos Genéticos (BDG) de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires utilizó GENis, la herramienta informática desarrollada por la Fundación Sadosky que sirve para contrastar perfiles de ADN provenientes de muestras biológicas, para identificar al autor de una serie de ataques sexuales cometidos entre 2010 y 2013 en el partido de Quilmes. Se trata del primer caso en el que un abusador serial fue individualizado y condenado a partir del entrecruzamiento de perfiles genéticos almacenados en el banco de datos.
El Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó a 30 años de prisión a Sebastián Abel Figueroa por cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometidos contra cuatro mujeres —dos menores de edad y dos jóvenes adultas— entre 2010 y 2013 en Ezpeleta Oeste.
Cuando se incorporó el perfil de Figueroa al banco, el sistema detectó su coincidencia con muestras recolectadas en cuatro investigaciones separadas. Esa evidencia, presentada en el debate oral por el coordinador del BDN, Walter Bozzo, fue determinante para la acusación de la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena y para la sentencia. Cabe señalar que Figueroa había recibido en 2016 una condena en suspenso por un hecho de abuso simple: fue ese registro el que, años después, reveló que aquel episodio no había sido aislado y que detrás de su nombre había un patrón sistemático de violencia sexual.
¿Cómo funciona el sistema GENis? El software coteja los perfiles de ADN de evidencias recolectadas en escenas de crímenes o aportadas para la individualización de autores de delitos, personas buscadas o víctimas de siniestros y organiza los perfiles genéticos de vestigios biológicos, imputados y condenados, en categorías identificadas exclusivamente por códigos, garantizando confidencialidad y trazabilidad.
La fortaleza central de esta herramienta es su capacidad para comparar perfiles provenientes de distintas investigaciones y vincular hechos aparentemente inconexos, lo que lo convierte en una herramienta especialmente valiosa para esclarecer delitos seriales. Este caso demuestra el impacto concreto que puede tener la tecnología pública cuando se articula con las instituciones del Estado: una herramienta desarrollada en la Argentina fue la clave para hacer justicia en una causa que permanecía abierta desde hacía más de una década, y que abre el camino para que la Justicia aborde con nuevos recursos los delitos contra la integridad sexual.
